17 noviembre, 2012

Voceros de Consejos Comunales serán considerados funcionarios públicos por el gobierno

Actualidad, Comunidades, Economía y Política, Internacionales, Venezuela Comentarios (0)

El Ministerio Público de Venezuela investiga 1.500 irregularidades cometidas por voceros de consejos comunales en la gestión y administración de recursos, según reveló el 27 de abril Nelson Mejías, director contra la corrupción de ese organismo.

La probidad del llamado "poder popular" preocupa a la Asamblea Nacional, que en un nuevo proyecto de Ley contra la Corrupción refuerza la vigilancia sobre los consejos comunales. En la exposición de motivos señalan que como reciben fondos del Estado, los integrantes de los consejos comunales "se considerarán funcionarios públicos, a los solos efectos de las regulaciones y sanciones" que estipula la norma.

En la propuesta, que está previsto se discuta el próximo martes en la AN, "se exige a las unidades administrativas y financieras comunitarias rendir cuenta de los recursos públicos asignados o administrados trimestralmente" ante la Contraloría General de la República.

Además, la comisión electoral de los consejos comunales tendrá que informar a la Contraloría General de la República acerca del "nombramiento o designación, así como el cese de funciones de las personas que administren los recursos asignados por cualquier ente u organismo público, a los efectos de la ejecución de los proyectos de la comunidad".

Cuentas claras

La lupa se pondrá tanto sobre quien toma como quien da. El artículo 49 de esta iniciativa legal plantea: "los órganos o entes del Poder Público deberán remitir trimestralmente a la Contraloría General de la República relación detallada, con sus respectivos soportes, de los recursos transferidos a los consejos comunales".

Igualmente, los diputados atribuyen a la Contraloría General de la República la responsabilidad de reglamentar la "rendición de cuentas de los recursos públicos asignados o administrados por las unidades administrativas y financieras comunitarias".

En el proyecto de Ley contra la Corrupción apuntan que la unidad de contraloría social de los consejos comunales tiene que solicitar a su unidad administrativa y financiera y a los funcionarios públicos una relación del dinero transferido. A su vez, les asignan la tarea de vigilar y ejercer control sobre las obras, inversiones y administración de los recursos públicos en el ámbito geográfico del consejo comunal.

Vía El Universal



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