Un decreto de convivencia ciudadana

Mariateresa Garrido – Opinión

Mientras estuve en Caracas aproveché para ver a una amiga a quien tenía mucho tiempo sin ver. La noto cansada y le pregunto por qué, pero nunca imaginé su respuesta. Empieza contándome que no pudo dormir nada la noche anterior porque a eso de la 3 de la madrugada comenzó a escuchar ruidos extraños frente a su casa, preocupada se asomó por la ventana pero al ver que eran solo policías patrullando volvió a dormir. Sin embargo, una hora después dejó de ser un simple patrullaje.

El día comienza muy temprano, no sólo para ella y su familia sino también para quienes quieren comprar comida. A esa hora de la madrugada, la gente estaba comenzando a llegar al automercado que queda cerca de su casa, por lo que la policía comenzó a dispersarlos.  Pero ¿a dónde van a ir? ¿Se van a regresar a sus casas? ¡Obviamente no! Lo que hacen es esconderse donde pueden, es decir, en las casas de quienes viven cerca.

Esta es una situación sin precedentes para todos, pero que cada día afecta más a quienes habitan cerca de establecimientos que venden productos básicos. Como si no fuera suficiente no poder comprar lo que necesitan en donde solían hacerlo, ahora no pueden dormir bien y tienen que aumentar las medidas de seguridad para evitar que quienes estén en la cola entren en sus propiedades.

Quienes hacen colas no sólo entran en las casas para esconderse. A veces sólo entran para hacer sus necesidades básicas en los jardines o garajes de la casa porque no tienen otro sitio a donde ir; algunos aprovechan para ver qué hay ‘mal puesto’ y llevárselo, e inclusive, planificar crímenes más graves gracias a que pueden obtener detalles como cuántos viven en una casa, a qué hora salen o entran, etc.

Muchas ideas vienen a mi mente sobre lo que se debería hacer para detener esta situación; sin embargo, creo que lo mejor es hablar de la respuesta municipal a este problema. Recientemente los consejos municipales de El Hatillo y de Baruta aprobaron ordenanzas municipales en las que se prohíbe la pernocta frente a establecimientos que vendan productos básicos y la utilización de menores de edad para hacer colas. Dichas ordenanzas también recuerdan el deber de los establecimientos de dar prioridad a embarazadas y personas de la tercera edad.

Para hacer cumplir estas normas las policías municipales están facultadas para patrullar las cercanías de estos establecimientos comerciales, dispersar a quienes pretendan perturbar el orden público, y en general, realizar las acciones que consideren pertinentes para garantizar una buena convivencia ciudadana. Pero ¿qué pasaría si quienes hacen cola llegan a las 7 de la mañana o si los dueños de los establecimientos dieran prioridad a las personas que por su condición física así lo requieren?, o ¿cómo sería la situación si los responsables de que los menores de edad vayan a las escuelas y liceos cumplieran  su labor?.

La adopción de estas ordenanzas es un buen ejemplo de cómo las autoridades deben responder a los problemas locales, pero al mismo tiempo recuerdan que los venezolanos estamos llenos de contradicciones. En líneas generales no creemos en la ley, pero siempre hablamos de la constitución, las leyes, y del rol de las autoridades para hacerlas cumplir.

Si creemos en la autoridad de la ley, entonces considero que es necesario que hagamos todo lo posible por que las autoridades implementen leyes que nos beneficien, que participemos en las iniciativas legislativas para que, por el camino legal, podamos mantener el orden; porque en la medida en que consideremos que esas normas nos van a ayudar a vivir mejor, estaremos dispuestos a seguirlas. Al final, mantener el orden público depende de todos.

La sociedad funciona cuando las personas deciden seguir las normas mínimas de convivencia, así que con nuestro ejemplo hagamos que las cosas empiecen a ser como queremos que sean.


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