El 12 de febrero se cumplió un nuevo año del asesinato de jóvenes que participaron en manifestaciones pacíficas por un futuro distinto: Bassil Da Costa, Robert Redman y Juan Crisóstomo Montoya, paradójicamente, en el marco del Día de la Juventud; unos en contra del gobierno, otro simpatizante del régimen.
Hace cuatro años, hubo importantes movilizaciones de calle, en el marco del Día de la Juventud, que sirvieron de escenario para protestar en contra del gobierno de Nicolás Maduro, por las serias dificultades generalizadas en lo político, económico y social, por la grave situación del sector Salud, así como el problema de escasez de productos de primera necesidad, sobre todo alimentos.
La fecha se recuerda —además— por tratarse del día cuando Leopoldo López, máximo dirigente del partido Voluntad Popular, expresó públicamente sus opiniones sobre el régimen de Nicolás Maduro, sobre: “la tiranía en que se vive en Venezuela; que se venía una crisis humanitaria y que si el pueblo no alzaba su voz, millones de venezolanos terminarían en las fronteras o en las morgues.” Situación que dio origen al encarcelamiento de Leopoldo López, condenado a 14 años de prisión, con un juicio lleno de irregularidades y vicios procesales.
Ese 12 de febrero no fue para celebrar. El primero en caer fue Bassil Da Costa, simpatizante opositor, con un tiro en la cabeza, disparado —al parecer— por un efectivo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional – SEBIN. Luego fue abatido Juan Crisóstomo Montoya, miembro del grupo Tupamaro, víctima —presuntamente— del mismo agresor de Bassil; aunque, en todo caso, estuvo ubicado al momento de caer en un fuego cruzado entre cuerpos de seguridad del Estado y colectivos armados. “El tercero en perder la vida fue Robert Redman, a quien le había tocado cargar más temprano el cuerpo de Bassil Da Costa, y que horas más tarde fue asesinado, por haber visto cosas que la dictadura no quería que salieran a la luz pública”, según declaraciones de Ana Karina García, dirigente juvenil de Voluntad Popular.
Estos hechos de violencia provocaron una espiral de protestas, tanto en Venezuela como en el exterior, generando una matriz de opinión muy desfavorable para el gobierno de Nicolás Madura. La presión de la ciudadanía contribuyó para que se iniciara una investigación sobre los sucesos del 12 de febrero. Uno de los elementos claves en la investigación fue la reconstrucción de los hechos, donde se pudo demostrar que uniformados y civiles armados dispararon contra los manifestantes del 12 de febrero.
En abril de 2015, fueron aprehendidos ocho funcionarios (seis del SEBIN) y fue acusado formalmente el supuesto autor material de la muerte de Bassil Da Costa.
El juicio por el asesinato de Da Costa y Montoya fue diferido en diversas oportunidades, hasta que finalmente inició el 16 de junio de 2015, más de un año después del suceso.
El 1 de diciembre de 2016, el Tribunal 27 de Juicio de Caracas acordó condena de 29 años y seis meses de prisión para el comisario del SEBIN, José Ramón Perdomo Camacho, a quien encontraron responsable del asesinato de Bassil Da Costa Frías.
Sin embargo, no se tomaron acciones contra la cadena de mando, como corresponde por ley. Por el contrario, Jonnathan José Rodríguez Duarte, uno de los funcionarios gubernamentales implicado en el tiroteo, y que era escolta del Ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, fue condecorado con la Orden Francisco de Miranda, en su Tercera Clase, por el Estado venezolano.
La represión no descansa
La escalada de violencia en Venezuela, por parte de los cuerpos de seguridad del Estado ha ido en aumento progresivo, al igual que las manifestaciones de calle, desde ese fatídico 12 de febrero de 2014, debido a que los problemas que detonaron las protestas también se han agudizado, ya que la crisis de la nación al día de hoy es generalizada, caracterizada por una muy grave escasez de medicamentos y material médico quirúrgico, falta de alimentos; con el agravante de una indetenible hiperinflación, así como la dificultad para conseguir dinero en efectivo y la negación por parte del gobierno en permitir un canal humanitario que permita el ingreso de insumos para el sector Salud, junto a la existencia de presos políticos, a pesar de que el régimen lo niega.
El año 2017 fue nuevamente escenario de protestas sangrientas en nuestro país. Las manifestaciones comenzaron el 1 de abril, cuando la Mesa de la Unidad Democrática – MUD llamó a la ciudadanía a rechazar las polémicas sentencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia, con las cuales se adjudicó competencias propias de la legítima Asamblea Nacional.
Esta situación, completamente al margen de la ley, generó fuertes reacciones en Venezuela y en otros países. Incluso, fue interpretada como un rompimiento del hilo constitucional hasta por la titular del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, quien se mantenía hasta ese momento del lado del gobierno; pero con esta declaración se ubicó al margen del gobierno.
En apenas cuatro meses de protestas, de abril a julio de 2017, se contabilizaron más de 135 víctimas fatales, producto de la fuerte represión ejercida por los cuerpos de seguridad del Estado contra las manifestaciones pacíficas, debidamente registradas en redes sociales y medios de comunicación. Además, las acciones contra los manifestantes dejaron un saldo de más de 2 mil personas detenidas. De ese grupo, al menos 275 fueron procesadas ante la justicia militar, con lo cual se violaron sus derechos civiles.
El uso de armas de fuego en manifestaciones está prohibido. El Artículo 55 de la Constitución Nacional establece la protección que brinda el Estado a sus ciudadanos:
“Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionario policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley”.
Adicionalmente, en la Constitución venezolana también se establece:
“Artículo 45
Se prohíbe a la autoridad pública, sea civil o militar, aun en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas. El funcionario o funcionaria que reciba orden o instrucción para practicarla, tiene la obligación de no obedecerla y denunciarla a las autoridades competentes. Los autores o autoras intelectuales y materiales, cómplices y encubridores o encubridoras del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo, serán sancionados o sancionadas de conformidad con la ley.
Artículo 46
Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; en consecuencia: 1. Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda víctima de tortura o trato cruel, inhumano o degradante practicado o tolerado por parte de agentes del Estado, tiene derecho a la rehabilitación. 2. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 3. Ninguna persona será sometida sin su libre consentimiento a experimentos científicos, o a exámenes médicos o de laboratorio, excepto cuando se encontrare en peligro su vida o por otras circunstancias que determine la ley. 4. Todo funcionario público o funcionaria pública que, en razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo con la ley.”
Represión en la mira de la Corte Penal Internacional
En el caso de las protestas en nuestro país, se ha puesto en evidencia que las autoridades han actuado de manera inadecuada y al margen de la ley, de manera desproporcionada, al punto de que, luego de un largo proceso, La Corte Penal Internacional (CPI) inició una investigación preliminar en Venezuela, por presuntos crímenes contra la población, a raíz de informaciones sobre uso de fuerza excesiva, por parte de los cuerpos de seguridad del Estado contra protestantes, así como el empleo de medios violentos por parte de manifestantes, en respuesta a las agresiones gubernamentales.
Esta investigación preliminar analizará delitos cometidos —al parecer— por los cuerpos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro, durante las manifestaciones que se produjeron en nuestro país, a partir del mes de abril de 2017, con un saldo lamentable de cientos de fallecidos.
A cuatro años de un Día de la Juventud manchado de de sangre
En la esquina de Tracabordo, de La Candelaria, donde cayó abatido Bassil Da Costa, se hizo en su momento un mural para marcar el sitio del asesinato. Cuatro años después, esta esquina fue escenario de una concentración por parte de la comunidad, para rememorar los sucesos donde perdieron la vida jóvenes que manifestaban por un futuro distinto, en paz, sin violencia, con oportunidades. Se hizo un repintado del mural, hubo palabras por parte de varios asistentes, con el fin de recordar y no olvidar lo acontecido. El momento fue reseñado en redes sociales y recogido por diversos medios de comunicación.
Hasta la fecha, el régimen de Nicolás Maduro no ha dado muestras de cambiar sus políticas hacia las manifestaciones populares. Cada vez que hay una concentración opositora no violenta, es reprimida fuertemente, violando el derecho a la protesta, consagrado en la constitución venezolana.
En todo caso, la opinión internacional es testigo de lo que pasa a lo interno del país. La realidad de la crisis venezolana es conocida dentro y fuera de nuestras fronteras, gracias a los múltiples recursos tecnológicos con que cuenta la población para reseñar y compartir información, casi sin restricciones. La globalización en las comunicaciones ha permitido que muchas actuaciones irregulares, al margen de la ley, salgan a la luz, cometidas tanto por cuerpos de seguridad del Estado, como por civiles armados, en contra de manifestantes no violentos, desarmados e indefensos.
El mundo sigue observando hacia Venezuela, que continúa apareciendo en los encabezados de las principales noticias a escala mundial. La opinión pública permanece en espera de rectificaciones por parte del gobierno; a lo que se suman una serie de sanciones internacionales impuestas a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, a quienes día a día se le van restringiendo sus campos de acción externos, mientras a lo interno no se vislumbran rectificaciones.
#ProhibidoOlvidar Carajo! Hoy hace cuatro años, #12Febrero de 2014, fue asesinado el estudiante Bassil Da Costa (como tantos otros) por la Narcotiranía de Nicolás Maduro. Le dispararon por la espalda mientras corría, mientras luchaba por sus Derechos y por la libertad #Venezuela pic.twitter.com/BU80TsTWOE
— Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) February 12, 2018
https://twitter.com/SergioNovelli/status/963077506474631169
Este #12Feb en pleno centro de #Ccs rendimos honores a jóvenes asesinados durante protestas por democracia y hambre, el mayor homenaje que podemos hacerle a nuestros héroes #BassilDaCosta, #CarlosMoreno, @ConanQuintana y #AlexandraConopoi es convertir el dolor en #rebeliónpopular pic.twitter.com/9fiNljIdLM
— Carlos Julio Rojas (@CarlosJRojas13) February 12, 2018
Bassil Da Costa fue el primer manifestante asesinado el #12Feb
Aun no se han establecido responsabilidades por el uso excesivo de la fuerza y por presencia de funcionarios y civiles armados el #12F #MásJusticiaBastaDeImpunidad
Actúa por las víctimas https://t.co/la8jvWdGcc pic.twitter.com/ZVNs85WTfa— Marcos Gómez (@GomezMarcos) February 12, 2018
Homenaje a los caídos … jóvenes asesinados en las protestas #BassilDaCosta vidas que se perdieron por querer una Venezuela LIBRE! pic.twitter.com/NdhUeoknuX
— Rayma (@raymacaricatura) February 13, 2018
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