Durante el primer trimestre del año el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 2.414 protestas en todo el país, equivalente a un promedio de 26 diarias. Esta cifra representa un incremento de 93% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
El municipio Iribarren del estado Lara encabeza la lista con la mayor cantidad de protestas, con 228, seguido por los municipios Caroní de Bolívar y Libertador de Mérida con 129 cada uno; Libertador de Caracas con 121, y Valera de Trujillo con 100.
En su sitio Web, la organización no gubernamental publicó este martes su resumen para los primeros 90 días del año en curso, según el cual 85% de las protestas fue para exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y el 15% para exigir derechos civiles y políticos.
Agrega: “Lo que se desprende de los datos obtenidos es que Venezuela ha entrado en una etapa de colapso de los servicios públicos, la alimentación, la salud y han crecido los conflictos laborales».
«Adicionalmente observamos con preocupación que los saqueos e intentos de saqueo aumentan y se uniformizan en todo el territorio nacional».
Puntualizan que «la respuesta del Gobierno ha sido mínima, insuficiente, parcial y represiva. Insuficiente porque incluso en foros públicos internacionales el Gobierno ha preferido negar la situación, parcial porque pretende resolver la emergencia humanitaria no de manera universal sino segregando a una parte de la población y represiva por los muertos, heridos y detenidos en el marco de las manifestaciones”.
El estudio indica que se mantiene la expansión de las protestas en todo el país, tanto en zonas rurales como urbanas.Los cinco estados con más protestas fueron: Lara (282), Trujillo (264), Anzoátegui (236), Mérida (210) y Bolívar (184).
El primer trimestre de 2018 se caracterizó por protestas por la falta de alimentos y medicinas; aumento de las protestas por servicios básicos, tales como electricidad, gas doméstico y agua potable.
Asimismo, se registró un repunte de los saqueos como forma de acceso alimentos; incremento de exigencias por reivindicaciones laborales; colapso en el servicio de transporte; dificultades para acceder a dinero en efectivo, y cierres de calles y concentraciones como las principales modalidades de protesta.
El OVCS sostiene que las calles han sido escenario de protestas para los ciudadanos que a diario sufren la precariedad de los servicios básicos necesarios para gozar de una vivienda digna, adecuada, higiénica, segura y cómoda.
Los cortes de energía eléctrica afectaron el desenvolvimiento de actividades comerciales, educativas, domésticas, culturales e incluso la salud pública.Por su parte, las constantes fallas en la distribución de gas doméstico han generado descontento en hogares venezolanos.
La investigación arroja igualmente que se ha mantenido la inseguridad alimentaria, caracterizada por desabastecimiento, escasez y carestía de productos. De igual manera, de las 2.414 protestas registradas, 549 estuvieron vinculadas a la crisis alimentaria, un promedio de seis protestas diarias por alimentos.
Adiciona que cada vez son más las protestas en las cuales se exige la prestación o restitución del servicio de agua potable, que se ha visto afectado en innumerables comunidades por presuntas fallas en las tuberías, lo que ha generado el cobro excesivo por parte de camiones cisternas; asimismo se ha observado un aumento de enfermedades, suspensión de clases, servicios médicos y otras vicisitudes.
“Aunque las protestas por alimentos han disminuido con respecto al comienzo de año, la crisis no se detiene. Persiste el alto costo de los alimentos, el desabastecimiento y la escasez».
Precisa el documento que «las familias siguen sometidas a realizar largas colas por horas para adquirir algún producto, continúa la alta dependencia de las cajas CLAP, que es principalmente mercancía importada, y los incentivos para aumentar la producción nacional son prácticamente inexistentes. Durante este período el OVCS observó que más personas buscan comida en las calles, en los desperdicios y bolsas de basura”.
Respecto a los saqueos e intentos de saqueo, apunta que se registraron en todo el territorio nacional y que en enero se contabilizaron 141 saqueos o intentos de saqueo; es decir, 642% más que en el mismo mes del año pasado. La cifra de enero de 2018 supera al índice registrado en el mismo mes los tres años anteriores.
Por su parte, los reclamos laborales han repuntado estos tres primeros meses del año, ubicándose en el segundo lugar en el índice de manifestaciones. En este lapso se reportaron 708 protestas para exigir derechos laborales.
El OVCS estima que la crisis económica ha impactado a la mayoría de la población. Trabajadores han abandonado sus empleos para buscar nuevas formas de ingreso, muchos componen el éxodo masivo de venezolanos que han salido del país con la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida.
“Esta situación ha derivado, entre muchos aspectos, en una alta rotación de personal en las empresas, forzando a los patronos a adoptar incentivos y asumir los costos de la crisis para retener el talento. Se han registrado casos de empresas con horarios flexibles por la falta de transporte público, así como la asignación de bonos y alimentos para mitigar las necesidades laborales”, reporta.
Asegura la ONG, por otro lado, que la grave crisis en el sector salud sigue empeorando y que trabajadores del sector como médicos, especialistas, enfermeras, personal administrativo, obreros, pacientes y sus familiares exigen cooperación humanitaria. En este lapso se reportaron 287 protestas para exigir el derecho humano a la salud.
“La falta de medicinas, implementos quirúrgicos, remuneración al personal médico, deficiencia en infraestructuras hospitalarias e inseguridad personal movilizaron a médicos, enfermos y familiares».
De igual manera, acotó el OVCS que «la exigencia común es cooperación humanitaria, para garantizar atención mínima en el sistema de salud que permita prevenir epidemias, al tiempo de mejorar las condiciones y complicaciones de pacientes crónicos».
Según la organización no gubernamental, «la situación tiende a agudizarse en la medida que no existen respuestas oficiales a las exigencias ciudadanas. Los pacientes con enfermedades crónicas, hipertensos, cáncer, VIH, trasplantados, son los más afectados porque dependen del suministro de medicamentos para el tratamiento que entrega el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)”.
De acuerdo con el documento, “el Gobierno de Nicolás Maduro continúa consolidando un sistema de represión en Venezuela, enmarcado en el Plan Cívico-Militar Zamora 200 que institucionaliza la actuación conjunta de fuerzas militares, fuerzas milicianas y civiles armados en funciones de control de orden público o en cualquier otro ámbito que decidan es de su interés».
«Este sistema de represión ha afectado las protestas populares y sobre todo las protestas de la gente más pobre, que incluso en el pasado se identificó con el partido de Gobierno. En los primeros tres meses de 2018 asesinaron a 10 personas en el contexto de manifestaciones. El 100% de los hechos ocurrió en protestas para exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales», señala el informe.
Puntualiza: “El OVCS exige al Gobierno nacional atender los problemas que agobian a los venezolanos. Debe reconocer la magnitud de la crisis y entender que la cooperación humanitaria internacional es justa y necesaria. De mantenerse el rumbo de los últimos años, especialmente desde 2017 en adelante, advertimos que los daños serán irreparables. El país está sumido en la pobreza».
Según el @OVCsocial, “Venezuela ha entrado en una etapa de colapso de los servicios públicos, de la alimentación, de la salud y han crecido los conflictos laborales”. por @alternosla https://t.co/vDK1L6CSK7 pic.twitter.com/ZYC5k87zOW
— Alternos (@alternosla) April 10, 2018
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